Recordar el 24 de marzo: conmemoración, reflexión crítica y justicia

El refugio de la palabra explica los sentidos del sinsentido de la historia. Allí en la mirada de la crueldad, la deshumanización de los actos, los temblores de la injusticia y la agonía del pueblo, se encuentra la memoria para no olvidar.

El diálogo con los acontecimientos interpela la idea de cronos como tiempo cronológico para alojarse en la evocación de la memoria que articula el pasado con los horizontes que advienen para transformarla.

Cada 24 de marzo se habita las oscuridades y tinieblas que inscribieron huellas en el pueblo Argentino tiñendo a la educación desde múltiples dimensiones. Los institutos santafesinos y sus actores han sido testigo de historias subjetivas, profundas, dolorosas de persecuciones y prohibiciones abonando a la relevancia de la reconstrucción de conocimiento situado y posibilitando la creación de otras formas culturales de vinculación con los legados de la historia.

La Subsecretaría de Educación Superior con satisfacción invita a la lectura reflexiva acerca de “Recordar el 24 de marzo: conmemoración, reflexión crítica y justicia”. Se agradece a la Prof. María Laura Tornay. ISP Nº 8 “Almirante Guillermo Brown” de Santa Fe. ISP Nº 64 “Ana María Fonseca” de Santo Tomé, quien aporta su producción académica sobre este tiempo del Nunca más desde la perspectiva de la historia.

Subsecretaría de Educación superior.

Mg. Patricia Moscato.

 

Recordar el 24 de marzo: conmemoración, reflexión crítica y justicia

Las efemérides –acontecimientos notables que se recuerdan en su aniversario- han servido para construir discursos de país, sentimientos de pertenencia, afinidad por grandes figuras y nociones de lo patrimoniable. Durante casi 200 años y en consonancia con la consolidación de los Estados nacional y provinciales, en ellas ha prevalecido el reconocimiento a figuras masculinas militares o letradas, a fechas de procesos políticos épicos identificados con el origen del país, o a acciones reivindicativas de la soberanía nacional. Tal vez la menos “argentina” y más hispanoamericana de las efemérides nacionales, la del 12 de octubre, fue la que más temprano tuvo una necesaria deconstrucción crítica, resultante de las acciones de los grupos indígenas/indigenistas y de los estudios académicos, lo que condujo al cambio de su denominación y de su sentido a favor de la diversidad cultural. Es cierto que también el 1º de mayo amplía lo conmemorable al importante ámbito de las luchas sociales y la conquista de derechos de las y los trabajadores, y que su instauración oficial resulta de una larga historia de movilización obrera internacional y argentina, en la que se lo afrontaba no como festejo sino como combate. El 24 de marzo, “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, es una conmemoración que modifica el cuadro de efemérides de nuestro país, apartándolo de las edades de oro pasadas o proyectadas.

El 24 de marzo es el día en el que se recuerda en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el poder entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y tiene el objetivo de hacer comprender sus graves consecuencias sociales, económicas y políticas así como de comprometer a la ciudadanía en la defensa de los derechos constitucionales y del régimen político democrático (Min. Educación, web). Devino efeméride nacional en 2002 a partir de la movilización por los derechos humanos iniciada ya en contexto de dictadura y ampliada a partir de 1984, con lo que tiene el mérito de resultar de una exigencia social y no solo de una voluntad gubernativa. Es una efeméride que denuncia la violación de derechos políticos, el asesinato planificado y sistemático a opositores por parte de agentes y estructuras estatales, la interrupción del proceso de movilización social gestado desde la segunda posguerra y en los años 60’, el cierre de las alternativas económico-políticas en variantes de la izquierda, la mutilación de los sectores combativos dentro de las estructuras partidarias y sindicales, y el fracaso de proyectos revolucionarios que aspiraban a la igualación social. Es una fecha que en esa denuncia intenta restituir y subsanar partes de esa derrota, con el objetivo de construir una memoria respetuosa de las luchas sociales, denunciar los atropellos autoritarios, exigir una investigación que resuelva los crímenes de las desapariciones, torturas, prisiones, sustitución de identidades y robos materiales, y reparar experiencias traumáticas producidas por el terror de Estado que se concretaron en víctimas singulares pero que afectan a la sociedad entera.

Qué fue e hizo la dictadura del 76

El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado que instauró una nueva dictadura militar en el país profundizó un proceso de disciplinamiento y reorganización de la sociedad argentina. Una Junta Militar se erigió como la máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno y reemplazar y designar a todos los funcionarios. Implantada para revertir la movilización social y política de los años 60’ e inicios de los 70’, la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” instaló el Estado de Sitio; consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; removió los poderes ejecutivos y legislativos, nacionales y provinciales; cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales; declaró en comisión a todos los jueces; suspendió la actividad de los partidos políticos; intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; prohibió el derecho de huelga; anuló las convenciones colectivas de trabajo; instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas. Además de represión y silenciamiento, las políticas de la dictadura generaron condiciones favorables para el abandono de la profundización industrial, la especulación financiera, el endeudamiento externo, la estatización de deudas privadas y la comisión de delitos económicos por parte de funcionarios públicos y empresarios del sector privado.

Desde el punto de vista de los jefes militares, de los grupos económicos y de los civiles que los apoyaban, el origen de los conflictos sociales en Argentina y de la inestabilidad política imperante luego de 1955 estaba relacionado con el desarrollo de la industrialización y la modernización del país. Estos sectores afirmaban que se trataba de un modelo sostenido artificialmente por la intervención del Estado. Entendían que esto motivaba un exagerado crecimiento del aparato estatal y el fortalecimiento de un movimiento obrero organizado, capaz de defender sus intereses en la puja por la distribución de la riqueza. Por ello, las medidas aperturistas de la economía fueron, sobre todo, una decisión económica que perseguía objetivos políticos y sociales: transformar las relaciones entre los empresarios y los asalariados industriales urbanos, disciplinando fundamentalmente a las clases trabajadoras pero también a una parte de los sectores capitalistas. (Min. Educación, 2010)

El Estado controlado por los militares empleó sistemáticamente el terror desde las instituciones públicas y también desde estructuras clandestinas. Como explica el historiador Luciano Alonso, la magnitud de la empresa represiva y su articulación con métodos de control sobre la educación, los medios de comunicación y las mismas formas de la vida cotidiana superaron con mucho la idea de la “guerra contra la subversión” que obró como el principal elemento legitimador del gobierno dictatorial. El régimen de violencia se distinguió por su intensidad, transversalidad y capilaridad, su carácter secreto y el recurso regular a la desaparición forzada. Las técnicas de violencia aplicadas alcanzaron un grado máximo y el nivel de aniquilamiento de opositores fue superior al de las otras dictaduras del Cono Sur. La dispersión del conflicto por toda la sociedad facilitó el desarrollo de un terror capilar. La represión se dirigió sistemáticamente contra agentes colectivos e individuales que se entendían efectiva o potencialmente subversivos, pero fue transversal a la sociedad –aunque no la abarcara completamente- y produjo una profunda desarticulación de los espacios de resistencia. (Alonso, 2014)

Un problema: ¿cuándo comenzó el terror de Estado?

El brutal impacto del régimen dictatorial sobre la sociedad, los rasgos y los efectos de la represión estatal, el modelo concentracionario y la desaparición forzada de personas, han contribuido a ver a la dictadura como fractura histórica y, por tanto, al “24 de marzo” como un parteaguas y referencia automática de una experiencia sustancialmente distinta y aislable del conjunto temporal, tanto en relación con los años previos como con respecto a la etapa pos-autoritaria. La historiadora Marina Franco sugiere la necesidad de una reflexión crítica sobre el problema de la cronología de la violencia estatal de la última dictadura militar y la consideración de una continuidad relativa del fenómeno represivo entre 1966 y 1976, especialmente su temprano acrecentamiento durante los gobiernos constitucionales del 73 al 76 donde tuvo lugar una fuerte ofensiva intrapartidaria por parte del peronismo tradicional y de derecha respecto de los grupos juveniles radicalizados. Guiados por la lucha anticomunista y el contexto de “guerra contrarrevolucionaria” de la Doctrina de Seguridad Nacional, ya en estos gobiernos comenzó una lenta escalada de políticas estatales de carácter autoritario, disciplinatorio y represivo que incluyeron directivas y normas legales secretas de variada índole, represión parapolicial o paramilitar, censura informativa y cultural, incremento de las detenciones y agravamiento de las penas y condiciones carcelarias, e incluso el establecimiento del Estado de Sitio en 1974, que con sucesivas renovaciones permanecería en vigencia hasta el fin de la dictadura militar. Entre 1973 y 1975, una serie de medidas legislativas tendieron a achicar los espacios y posibilidades políticas del sindicalismo más combativo surgido hacia fines de los sesenta, se colocaron autoridades reconocidamente fascistas en el ámbito educativo, se impusieron leyes restrictivas de la actividad universitaria y se prohibieron libros y materiales considerados “subversivos”. Ello se sostuvo en el accionar de bandas armadas parapoliciales o provenientes de organizaciones de derecha y del sindicalismo peronista cuya forma más conocida –pero no la única- fue la Triple A, que funcionaron de manera articulada con las políticas intrapartidarias y gubernamentales de depuración del peronismo o antimarxistas en general. El clima represivo se endureció notablemente después de la muerte Perón, y el gobierno de “Isabelita” implicó un salto cualitativo en lo represivo al formalizar en las Fuerzas Armadas la tarea de la “guerra antisubversiva”, aunque ese endurecimiento se inscribió en una tendencia previa y ascendente que se remonta a mediados de 1973. (Franco, 2011)

Para inicios de 1976, el ejercicio de la violencia represiva había anulado la capacidad operativa de las organizaciones político-militares revolucionarias y promovía algo mucho más profundo: la retracción de la participación popular en la vida política y en las luchas sociales. Con el paso de un gobierno constitucional reaccionario a la dictadura militar se articuló la planificación y estructura jerárquica de la represión desde el más alto nivel de Estado nacional hasta los “grupos de tareas” encargados de los secuestros, torturas, desapariciones y robos. Las detenciones legales y clandestinas, así como el método de desaparición forzada, tuvieron como principal objetivo a los miembros de las organizaciones guerrilleras y sus agrupaciones colaterales, pero también abarcaron un espectro muy amplio de militantes sociales y políticos. (Alonso, 2014)

Muchas de las disposiciones de la Junta Militar implicaron la continuidad de la legislación de excepción instaurada progresivamente desde 1973, que se sumaba a medidas vigentes aún desde la dictadura de 1966. Pero desde 1976 se profundizaron los mecanismos represivos clandestinos para la desaparición forzada de personas y el robo de niños como nunca antes había existido, lo que explica que la memoria de la historia reciente sintetice en el “24 de marzo” el inicio del terrorismo de Estado. No obstante, la complejidad del fenómeno histórico represivo debe ser advertida tanto para la comprensión del fenómeno histórico en su profundidad como para el fortalecimiento de la conciencia democrática y el reclamo de justicia.

 

Enseñar y mantener la memoria

A 46 años del último golpe militar, las consecuencias del terror de Estado acrecentado a lo largo de la década de 1970 siguen requiriendo análisis y demanda de justicia. La fecha sintetiza la imposición de una metodología sistemática de represión que se inserta en un proceso político complejo de avance autoritario y conservador. Las agrupaciones de Derechos Humanos que promovieron desde hace décadas su conmemoración muestran al resto de la sociedad, al mundo y al futuro los horrores de la violencia estatal, las limitaciones de la democracia en tanto no se resuelvan los crímenes de Estado, los legados del triunfo de una política y cultura reaccionaria y el trabajoso camino de la búsqueda de justicia. También en el “24 de marzo” recuperan la importancia de las luchas sociales y políticas de entonces, indispensables para entender lo que estaba en juego.

Recordar la fecha, preguntarnos por qué fue posible el terrorismo de Estado, indagar acerca de sus partícipes y colaboradores atendiendo a la complejidad de la trama que le dio forma y lo sostuvo, y entender sus hondas consecuencias, es una tarea ineludible que tenemos como sociedad para recomponer lo colectivo y mejorar nuestro presente.

Autora: Prof. María Laura Tornay

Profesora de Historia.

ISP Nº 8 “Almirante Guillermo Brown” de Santa Fe.

ISP Nº 64 “Ana María Fonseca” de Santo Tomé

Imagen de portada: Marcha de Madres de Plaza de Mayo y familiares de detenidos-desaparecidos y de niños apropiados durante la última dictadura militar argentina con las proclamas históricas de “aparición con vida”.

 

Bibliografía utilizada y para ampliar lecturas:

Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Sección “efemérides”. Sitio web institucional: https://www.argentina.gob.ar/educacion/efemerides/24-marzo-memoria

Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2010). Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. Libro digital: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005099.pdf

Alonso, Luciano (2014). “Las violencias de Estado durante la última dictadura argentina: problemas de definición y análisis socio-histórico”, en Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (Coords.) América Latina. Tiempos de violencias, Buenos Aires, Ariel, pp. 191-213. En: https://www.academia.edu/34656192/Las_violencias_de_Estado_durante_la_%C3%BAltima_dictadura_argentina_problemas_de_definici%C3%B3n_y_an%C3%A1lisis_socio_hist%C3%B3rico

Franco, Marina (2011). “En busca del eslabón perdido: reflexiones sobre la represión estatal de la última dictadura militar”, Estudios, N° 25, pp. 31-45. En: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/470/439

Un valioso conjunto de recursos para trabajar en las aulas, que incluye investigaciones, cuadernillos didácticos, afiches, entrevistas, imágenes y cuentos, se ofrecen la web de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros: http://www.bnm.me.gov.ar/efemerides/dia-de-la-memoria/