Los caminos de la independencia.

“El saber es el único espacio de libertad del ser”.  Michel Foucault.

Los sesgos socio históricos registran inscripciones en las coordenadas espacio temporales que construyen espacios pedagógicos de itinerarios simbólicos que potencian los latidos de la Independencia.

Honrar la justicia y la esperanza emancipadora habilita el entramado de los tiempos con la impronta de la lealtad, el diálogo y la responsabilidad en la formación de docentes crítico reflexivo de sus propios procesos de enseñanza.

Los claroscuros de la historia potencian la libertad y la independencia como trazados que evocan a la escucha interpelativa de los nuevos horizontes pedagógicos.

El 9 de julio trasciende la conmemoración, el homenaje y la festividad para constituirse en una instancia significante, un espacio de encuentro colectivo reflexivo de debate sobre el mundo en el que vivimos y la profundidad de la sociedad que deseamos construir.

Los Institutos de Educación Superior propician espacios de multiplicidad de voces de los pueblos a través del saber de diversas experiencias de los infortunios del enseñar a aprender sin prisa ni pausa en el reloj de las batallas.

La subsecretaría de Educación superior agradece la producción académica de la Prof. Eliana Bertero del ISP Nº 8 “Almirante Guillermo Brown” de Santa Fe acerca de “Los caminos de la independencia”. ¡Muchas gracias Eliana por tu valioso aporte!

¡Feliz día de la Patria!

Subsecretaría de Educación superior.

Mg. Patricia Moscato.

 

Los caminos de la independencia.

Autora: Eliana Bertero

Profesora de Historia. ISP Nº 8 “Almirante Guillermo Brown” de Santa Fe

 

 

El Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, sólo puede ser comprendido en el marco del proceso revolucionario que se extiende entre 1810 y 1820. Los primeros años de esa década, estuvieron marcados por los intentos frustrados de asociar la lucha de la independencia con la construcción de un nuevo orden político. A partir de 1814, luego de la restauración de Fernando VII en el trono, se inició un período caracterizado por la retracción de las fuerzas revolucionarias y las disputas por la soberanía.

Luego de la formación de la Primera Junta de gobierno provisional en 1810, se fueron sucediendo distintas autoridades que, en nombre de la retroversión de la soberanía[1], asumieron el gobierno del ex Virreinato del Río de la Plata. La autonomía política experimentada a partir de ese momento dio lugar a un enfrentamiento entre los defensores y detractores del nuevo orden, y transitó por múltiples caminos hasta la declaración de la independencia en 1816.

En ese año, cuando la revolución parecía perdida en toda Hispanoamérica, se decidió convocar a un nuevo Congreso Constituyente en Tucumán. Por entonces, los realistas americanos y tropas españolas llegadas de Europa vencieron a casi todos los revolucionarios de América. En el Río de la Plata la revolución también atravesaba por una profunda crisis: la Banda Oriental, las provincias del litoral y hasta Córdoba se hallaban bajo el influjo de Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Salta y Jujuy estaban a merced del ejército realista tras la derrota de Sipe-Sipe y el resto de las provincias se mostraban susceptibles ante cualquier medida tomada por las nuevas autoridades erigidas en Buenos Aires, tras la caída del Director Alvear (Souto, 2016).

A pesar de las dudas sobre su realización, el Congreso comenzó sus reuniones en marzo de 1816 y sesionó en Tucumán hasta febrero de 1817, momento en que se trasladó a Buenos Aires hasta su disolución en 1820. Contó con la presencia de diputados por Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Charcas, Chichas y Mizque. Pero no había representantes de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la Provincia Oriental que integraban el Sistema de los Pueblos Libres. Menos aún de las regiones que se encontraban bajo dominio indígena.

Los principales objetivos del Congreso eran reconstruir el poder central eligiendo un nuevo director supremo; declarar la independencia, definiendo un plan contra los realistas; y acordar una forma de gobierno que se plasmara en una Constitución. En mayo se designó a Juan Martín de Pueyrredón como nueva cabeza del Directorio, reconstruyendo así una autoridad que en teoría sería respetada por todos los integrantes del Congreso (Di Meglio, 2016).

Acodar una forma de gobierno que integrara a los territorios del ex virreinato del Río de la Plata, resultaba más complejo si se tiene en cuenta que el Alto

Perú estaba ocupado por las tropas realistas y los pueblos del litoral y la banda oriental no enviaron diputados. Pero la reafirmación de la independencia y soberanía de ese estado requería dos condiciones una, la redacción de una constitución y otra, lograr el apoyo de las potencias europeas. En este sentido, los debates sobre la forma de gobierno incluyeron, tanto los aspectos relacionados con el ejercicio de la soberanía -monarquía o república-, como posturas antagónicas en torno a su titularidad -pueblos o nación-.

En cuanto al ejercicio de la soberanía, muchos pensaron en apelar a un rey para las Provincias Unidas, estableciendo una monarquía constitucional. Belgrano, por ejemplo, propuso la creación de una monarquía inca que favorezca la restauración de uno de sus descendientes. Para algunos diputados, preocupados por la reconstrucción del orden interno, esta forma de gobierno podía garantizar la unidad del territorio. Varios apoyaron el proyecto como San Martín y Güemes, pero otros se opusieron a la autoridad de cualquier rey, en defensa de un proyecto republicano. En ese momento la cuestión quedó inconclusa, por ello lo fundamental del Congreso fue la declaración de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica:

“Es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” (cit. Di Meglio, 2016)

Días más tarde, cuando se supo que era inminente una invasión portuguesa contra la Liga de los Pueblos Libres, se agregó a la declaración que la independencia era también respecto de cualquier otra dominación extranjera.

El nombre adoptado para el nuevo estado, la publicación del acta de independencia en castellano, quechua y aymara o la proclamación de Santa Rosa de Lima como “Patrona de la Independencia de América”, expresaban el carácter americano del proceso de emancipación. Sin embargo, el vocablo Sudamérica también hacía referencia a la indefinición del momento respecto a cuáles serían las provincias que realmente quedarían bajo la nueva condición jurídica (Ternavasio, 2015). En este sentido, esa nación invocada en la declaración de independencia, no era la nación argentina y el término no hacía referencia a ninguna homogeneidad cultural supuesta, sino a un pacto político sostenido en la voluntad y el consentimiento de los pueblos (Chiaramonte, 2004).  

El Congreso de Tucumán declaró la independencia pero no logró consagrar una forma reconocida por quienes aspiraba a representar, ya que la Constitución de 1819 concitó fuertes rechazos por su centralismo. El sistema político reorganizado en Tucumán se derrumbó. “Pero el principal aporte del Congreso, la declaración del 9 de julio, se mantuvo como referencia ineludible para cualquier proyecto político desde entonces” (Di Megilio, 2016).

 

Las disputas por la soberanía y la guerra de independencia en el litoral

Si como señala Chiaramonte,  en los procesos de independencia las actuales identidades nacionales aún no existían ¿quiénes se declararon independientes? Este interrogante remite a varios aspectos, pero fundamentalmente a la dimensión social y política de la soberanía.

En el Río de la Plata,  esta cuestión adquirió centralidad cuando se planteó la posibilidad de erigir nuevas entidades políticas en el territorio del ex virreinato.

Los contemporáneos de las independencias consideraban que el origen y fundamento de la nación era un pacto en el cual los asociados por mutuo acuerdo, prestaban su consentimiento para conformar una comunidad política, para darse leyes y elegir sus autoridades. Sin embargo, a pesar del consenso general acerca del origen pactista de la nación, existían desacuerdos en torno a dos cuestiones. Una tenía que ver con quienes eran los asociados y la otra con los modos en que se organizaría esa nación.

Estos desacuerdos se expresaron en dos tendencias, la que sostuvo la existencia de una única soberanía como base para la creación de un estado-nación unitario, opuesta a la que defendía la creación de una confederación que sostenía los derechos soberanos de los pueblos (Goldman y Ternavasio, 2012).

El programa artiguista plasmado en las Instrucciones que llevaron los Representantes del Pueblo Oriental a la Asamblea General Constituyente de 1813, proponía claramente una forma de gobierno de tipo confederal, en la que cada provincia pudiera mantener el goce de su soberanía, delegando sólo algunas atribuciones en el poder central. De este modo, el proyecto de Artigas expresaba una alternativa revolucionaria más radical que sintetizaba los reclamos de pueblos y provincias autoconstituidos como nuevos sujetos soberanos. En abierta confrontación, la asamblea rechazó los poderes de los diputados orientales y en 1814, Artigas rompió definitivamente con Buenos Aires y comenzó a expandir su poder e influencia sobre Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba (Goldman, 1998).

A mediados de 1816 la situación de los Pueblos Libres era diferente: la provincia de Córdoba había enviado diputados al Congreso reunido en Tucumán, tropas del Directorio habían atacado Santa Fe y una expedición militar luso-brasileña avanzaba por mar y tierra contra la Banda Oriental (Frega, 2016). Así, mientras las Provincias Unidas llevaban la guerra a Chile y el Perú, los Pueblos Libres debieron enfrentar una guerra contra la dominación portuguesa.

Para el Directorio de las Provincias Unidas la expansión de la alternativa artiguista y los planteos confederales, socavaba la unidad política y militar de los territorios que habían integrado el antiguo virreinato. Así lo expresó el manifiesto del Congreso de Tucumán de 1816, declarando el “Fin a la revolución, principio al orden, reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el congreso” (Frega, 2016).

El impacto y las repercusiones de la declaración de independencia se inscriben en esa confrontación. El Sistema de los Pueblos Libres ya se había pronunciado por la independencia absoluta, aunque sin un acta o declaración general. Sin embargo, su abierta oposición al Directorio y al Congreso no apuntaba a la secesión sino –como ya se mencionó-  expresaba su voluntad de no someter a los pueblos a la autoridad de un gobierno superior y por eso exigían que fuera confederal y republicano (Fradkin, 2016).

Los años que median entre la declaración de independencia en 1816 y la caída del poder central en 1820, estuvieron signados por la incertidumbre y abiertos a distintos proyectos de reestructuración política.

En este marco, la guerra, las disputas por la soberanía, las contradicciones en la representación del Congreso de Tucumán, nos dan una imagen del Río de la Plata, “menos como un territorio unido que como un territorio incierto en búsqueda de una unidad, siempre disputada por la guerra” (Entin, 2016, p.12).

 

Otros caminos para pensar la independencia…

Más allá de las precisiones históricas, este recorrido nos permite apreciar la complejidad del proceso de independencia y su vinculación con las disputas por el poder y por la construcción de un nuevo orden político y social.

Sin dudas la revolución y las guerras de independencia introdujeron modificaciones decisivas en el Río de la Plata. En este sentido, la militarización de la sociedad dio lugar a una cierta movilidad social si se la compara con la rígida estructura de la sociedad heredada del período colonial. No solo varones sino también mujeres y niños, vieron transformadas sus vidas a partir de la generalización de la guerra. A través de ella, poblaciones rurales, grupos y clases sociales populares no sólo se incorporaron a la vida política, sino que su participación devino fundamental. 

Por ejemplo en la Banda Oriental, peones, ocupantes de tierra sin título, esclavos y otros integrantes del universo popular que siguieron a Artigas buscaron con la lucha a favor de la Revolución mejorar sus condiciones de vida y asegurar el respeto de derechos consuetudinarios. Presionaron en 1815 para obtener tierras de los “malos europeos y peores americanos”, enemigos del sistema, hasta que la invasión portuguesa puso fin a la experiencia. En Salta y Jujuy, los campesinos –por entonces llamados “gauchos”- que se movilizaron en 1814 contra los realistas y terminaron liderados por Güemes, incluyeron en su lucha las nociones de igualdad ante la ley y abolición de las distinciones étnicas. Ambos movimientos tuvieron una fuerte base rural y desafiaron abiertamente el orden social. Fueron los más radicales de la región pero no los únicos. En el resto del litoral hubo otros desafíos al orden, como en Misiones donde una amplia movilización indígena devino en el intento de los guaraníes misioneros de reconstruir la antigua provincia jesuita impulsando la insurrección de aquellos que estaban bajo la jurisdicción de Buenos Aires, Paraguay o Portugal (Di Meglio, 2010).

La guerra colaboró en la redefinición de las tradicionales jerarquías sociales. También fue una usina productora de nuevas identidades y mecanismos de movilización social y política de vastos sectores sociales interpelados por nuevos principios como la libertad y la igualdad (Ternavasio, 2015)

 

Bibliografía utilizada y para ampliar lecturas:

– Chiaramonte, J. C. (2004). Nación y Estado en Iberoamérica. Los lenguajes políticos en tiempos de las independencias. Buenos Aires: Sudamericana.

– Di Meglio, G. (2010). Algunas claves de la Revolución en el Río de la Plata (1810-1820) Estudios Ibero-Americanos, 36(2), pp. 266-287. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

– Di Meglio, G. (2016). Romper los vínculos violentos. En Miradas sobre el bicentenario de la independencia, Canto Maestro (27). Ctera.

– Entin, Gabriel (2016). Enigmas y dilemas de la independencia. En Entin, G. y otros. Crear la independencia. Historia de un problema argentino. Buenos Aires: Capital Intelectual.

– Fradkin, R. (2016). Americanos del Sud. En Miradas sobre el bicentenario de la independencia. Op. Cit.

– Frega, A. (2016) La declaración de independencia de 1816 y el Protectorado artiguista. En Prismas, 20(2) pp. 161-170, Universidad Nacional de Quilmes.

– Goldman, N. (1998). Crisis imperial, Revolución y guerra (1806-1820). En Goldman N. (Dir.) Revolución, República, Confederación (1806-1852). Buenos Aires: Sudamericana.

– Goldman, N. y Ternavasio, M. (2012). Construir la República: semánticas y dilemas de la soberanía popular en Argentina durante el siglo XIX. En Revista Sociol. Política. Curitiva, 20(42), p 11-19.

– Souto, N. (2016). La idea de unidad en tiempos del Congreso de 1816-1819. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 16(1), e003. Recuperado de http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAv16n1a03

– Ternavasio, M. (2015). Historia de la Argentina 1806-1852. Buenos Aires: Siglo XXI.

 

Para profundizar el tema:

http://asaih.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/9-de-Julio-de-1816.pdf

 

 

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[1] Este concepto remite a la doctrina del pacto de sujeción de la tradición hispánica por el cual, una vez caducada la autoridad del monarca, el poder retrovierte a sus depositarios originarios: los pueblos.