1 DE JUNIO «LA REBELIÓN DE LOS SIETE JEFES»

El 31 de mayo de 1580 un motín agitó la noche santafesina. Unos 30 hombres, entre los cuales se contaban algunos vecinos notables, se habían complotado para desplazar a las autoridades que respondían a Juan de Garay y al gobierno de Asunción. Los amotinados pretendían imponer unos nombres como alcaldes y regidores del Cabildo y colocar a la ciudad bajo la jurisdicción del Tucumán, gobernada entonces por Gonzalo de Abreu y Figueroa. La rebelión en menos de dos días fue derrotada. De los 34 hombres que habían firmado un acta sellando la conspiración, 10 fueron sentenciados; pero el nombre de siete de ellos cobró trascendencia, lo que cristalizó el nombre del alzamiento como “La rebelión de los Siete Jefes”.
La sociedad santafesina, hacia 1580, estaba en formación. La mayor parte de los hombres que llegaron con Garay en 1573 eran mancebos, jóvenes criollos y mestizos, que legalmente no podían manejar armas de fuego y desprovistos de derechos políticos. Al fundar la ciudad, Garay produjo en ellos una metamorfosis: dejaron de ser los mancebos revoltosos expulsados del Paraguay y se convirtieron en vecinos de la ciudad. Eso les otorgó una dignidad: tierra para hacerse la casa, tierra para producir, y obligación de hacer una familia y de defender a la ciudad con su cuerpo y con sus armas. Pero, los europeos que llegaron con Garay obtuvieron los mejores solares y las mayores y mejores tierras en los alrededores. Por eso los mancebos pronto manifestaron un malestar muy comprensible: eran mayoría, recibían maltratos que otros no y, a la hora del trabajo o de la lucha realizaban esfuerzos que, según su punto de vista, los europeos nativos evitaban. Tenían los mejores puestos en el Cabildo. Ese tipo de desigualdad era constitutiva de aquella sociedad; lo que solía detonar los malestares no era tanto el desequilibrio como los maltratos personales y los abusos de autoridad.
El levantamiento tuvo un propósito local y otro a escala regional de la gobernación. Los mancebos no tenían las mejores propiedades, pero no eran desposeídos absolutos. También tenían lugar en el cabildo –de hecho, siempre al menos tres de los regidores no eran peninsulares– pero hasta 1580 no habían logrado que uno de los suyos fuera nombrado alcalde (un lugar más importante, puesto que implicaba la administración de la Justicia). Eso era difícil porque en el imaginario de la época era impensable que un mestizo –alguien que ellos consideraban impuro por la mezcla de sangre– llevara una vara de justicia del Rey. Sobre todo cuando la conquista recién empezaba. Sin embargo, Gonzalo de Abreu, gobernador de Tucumán, estaba dispuesto a darles el control del Cabildo a esos mancebos con tal de que pusieran la ciudad bajo su jurisdicción: eso iba bien con las ambiciones de Abreu de alcanzar el Atlántico lo más pronto posible (Santa Fe era el paso previo). Si bien se planeó durante casi un año, la rebelión estalló aprovechando la ausencia de Garay.
Siguiendo a Darío Barriera -Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario y Doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París- hay que desmitificar la idea que la Rebelión de los siete jefes puede considerarse como una de las primeras organizaciones de un gobierno patrio. En primer lugar, la rebelión se hizo en nombre del Rey; en segundo lugar, lo local en la Monarquía hispánica tenía sentido solamente si la sede local era reconocida como tal por los otros dispositivos del poder monárquico. No sólo la traición fue un acto de lealtad hacia la Corona; la rebelión misma lo fue. Los rebeldes hacen la rebelión contra el mal gobierno de Garay y deponer a un tirano era un acto de lealtad a la Monarquía. Lo que están peticionando a través de esta rebelión es más participación en los asuntos de gobierno y justicia pero no se discute, en ningún momento, la sujeción a de los territorios americanos de la Monarquía a la soberanía del Rey de España.
El levantamiento de los siete jefes en 1580, enmarcado dentro del proceso histórico de la organización colonial de los siglos XVI y XVII nos permite ampliar la mirada y acercarnos, desde un análisis microhistórico, a la gestión diseñada -desde la Monarquía hispánica- para el equipamiento político del territorio; la organización judicial y gubernamental; el uso de la política local como espacio de negociación; la expansión del ejercicio de la justicia y de lo que modernamente llamamos el poder de policía.